(Redactado por Wirle López).- Con miras a redefinir un nuevo periodo político en el país, el pasado jueves 19 de febrero fue publicada en Gaceta Oficial N.º 6.990 Extraordinaria la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática; sanción que permitirá la libertad plena de cientos de personas detenidas durante un periodo que abarca desde 1999 hasta el 2026.
Esta ley, debatida en segunda discusión y aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa Nacional, fue posteriormente promulgada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, horas más tarde, “como un acto de grandeza y desprendimiento personal y colectivo”.
De acuerdo con el artículo 7: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley».
Con esta publicación se cierra el trámite legislativo iniciado a principios del mes de febrero, el cual estuvo marcado por debates y consultas públicas sobre su alcance temporal, exclusiones y el procedimiento para quienes se encuentran fuera de Venezuela.
Los periodos
La amnistía, impulsada por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se concibió para cubrir casos desde 1999, abarcando los 27 años de gobierno precedido por Chavez y luego por Maduro. Sin embargo, el artículo 6 de la iniciativa la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas en el país, entre el golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Cubre eventos específicos ocurridos en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Exiliados
Si bien la legislación contempla la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados, «no queda claro» si los exiliados políticos con casos abiertos podrán regresar o «en qué condiciones», advirtió Alvarado.
El diputado chavista Roy Daza afirmó, en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las personas que han sido solicitadas por la Fiscalía deben regresar al país y «ponerse a derecho». Una vez se investigue, «se aplicará o no se aplicará» la amnistía, dependiendo del caso, agregó.
Militares
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que en principio el proyecto «pareciera que no excluye a los presos políticos militares».
Sin embargo, advirtió, al revisar «con más detalle» los eventos y períodos incluidos en la amnistía se evidencia la exclusión de «muchísimas» situaciones y «operaciones militares» que dejaron presos políticos. Hasta el 2 de febrero, Foro Penal contabilizó 687 presos políticos en Venezuela, 182 de ellos militares.
Avances de la Ley de Amnistía
El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodriguez, presentó este jueves 5 de marzo un balance detallado sobre el alcance de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al destacar los avances en la pacificación y el reordenamiento jurídico del país.
Rodríguez informó que un total de siete mil 365 personas que se encontraban privadas de libertad o sujetas a medidas sustitutivas han recibido la libertad plena. Asimismo, mencionó que continúa el proceso de solicitudes de políticos y ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero que han pedido que sus casos sean atendidos bajo el amparo de este instrumento legal.
En este sentido, el legislador resaltó la celeridad con la que se avanza en dicho propósito, además de subrayar que la prioridad del Estado es la construcción de acuerdos nacionales. “Lo más importante es la búsqueda de consensos amplios, orientados a prevenir cualquier evento trágico como los que el país ha experimentado en el pasado”.
Por último, acotó que existe un consenso absoluto entre las distintas fuerzas del país sobre la urgencia de impulsar una reforma integral del Sistema de Justicia en Venezuela, con el fin de fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad democrática de la nación.
