Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó este miércoles una política del Gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EE.UU. que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.
Esta restricción, denominada ‘costos no admisibles’, establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluyendo los asignados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), no pueden utilizarse para apoyar ni prestar servicios legales a ningún indocumentado o extranjero sujeto a deportación, con algunas excepciones limitadas.
En la demanda presentada este lunes en Rhode Island, la coalición de estados demócratas alega que la prohibición viola la Cláusula de Gastos designada en la Constitución de los Estados Unidos.
Además, la disposición restringe ambiguamente los ‘servicios legales’ sin especificar los tipos de servicios sujetos a la medida, lo que deja a los estados y a sus subvencionados “la tarea de adivinar” qué servicios están cubiertos, argumenta la querella legal.
También alegan que la medida le exigirá implementar a los estados procesos onerosos para verificar el estatus migratorio de todos los clientes antes de poder ofrecer los servicios.
El apoyo legal proporcionado por los fondos de VOCA y VAWA incluye ayuda para presentar denuncias policiales y órdenes de protección; solicitar indemnizaciones y asistencia con las visitas de los padres, entre otras.
