Matteo Piantedosi, ministro del Interior, explicó en rueda de prensa que los inmigrantes que se declaren menores serán sometidos a un examen antropométrico. «Está previsto que en el caso de que en el resultado de ese análisis la condición de ese menor sea contradicha se pueda aplicar la sanción sustitutiva de la expulsión, porque incurriría en una consecuencia penal por falsa declaración», sostuvo.
El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros permite acelerar estas pruebas clínicas en los menores no acompañados, previa autorización de la Fiscalía. Si la edad declarada no es cierta, las autoridades judiciales podrían dictar una condena por el delito de falso testimonio y, la sentencia, podrá ser sustituida por la expulsión.
El decreto se produce en un año de gran flujo migratorio desde el norte de África a través del Mediterráneo central, específicamente la isla de Lampedusa: 133.131 personas han desembarcado hasta hoy en las costas italianas, el doble que en el mismo periodo del 2022 (70.320) y el triple que en 2020 (45.599). En 2023 han llegado hasta septiembre 11.650 inmigrantes se declararon menores no acompañados.
Menores alojados en centros para adultos
Por otro lado, en casos de extrema urgencia, y ante una eventual falta de espacio en instalaciones para menores, estos puedan ser alojados en centros para adultos «de forma provisional y por un periodo no superior a los 90 días».
«No disminuiremos su tutela», aseguró el ministro. Por otro lado, la nueva legislación prevé acelerar la expulsión de los inmigrantes afectados por medidas judiciales por motivos de peligrosidad social y de orden público. Esto se aplicará también a aquellos inmigrantes que cuenten con un permiso de residencia de largo plazo.
Asimismo «se amplía la protección a las mujeres» solicitantes de asilo. Hasta ahora solo las madres con niños o las embarazadas podían acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), más protegido, mientras que el resto recibían el mismo trato que los hombres. El decreto remedia esta política y prevé el acceso de todas las mujeres en estructuras de mayor protección como el SAI.
Con información de Deutsche Welle
